El deber de vigilancia exige que las empresas afectadas impidan ataques graves a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, a la salud y la seguridad de las personas, así como al medio ambiente, derivados de sus actividades o de las de sus socios comerciales que constituyen su cadena de suministro.
Por ello, está obligado a recoger y renovar periódicamente un conjunto de garantías documentales de sus proveedores y subcontratistas: