El deber de vigilancia es una obligación legal establecida en Francia por la ley del 27 de marzo de 2017. Obliga a las grandes empresas con más de 5.000 empleados (o 10.000 a nivel internacional) a desarrollar, publicar e implementar un plan de vigilancia destinado a prevenir ataques graves:
Esta obligación no se limita a las actividades directas de la empresa, sino que se extiende también a toda su cadena de valor, incluyendo a sus proveedores, subcontratistas y socios comerciales, tanto en Francia como en el extranjero.
Para garantizar el cumplimiento, las empresas deben implementar un sistema sólido de recopilación y seguimiento de la información de sus socios. Esto implica solicitar periódicamente un conjunto de garantías documentales para verificar los compromisos y prácticas de los proveedores.
Estos documentos permiten evaluar la madurez de los socios en cuestiones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y detectar posibles áreas de incumplimiento o riesgo.
Estos elementos son esenciales para garantizar que las actividades de sus proveedores no supongan riesgos importantes para el medio ambiente o los derechos fundamentales.
Si bien se percibe como una restricción regulatoria, el deber de diligencia también puede convertirse en una ventaja competitiva. Al aumentar la transparencia y la trazabilidad, las empresas pueden:
El deber de cuidado ya no es una opción; es una obligación legal y moral. Las empresas que lo cumplan proactivamente no solo fortalecerán su resiliencia, sino también su legitimidad en un mundo en constante cambio. Actuar hoy significa construir una cadena de valor ética, sostenible y responsable para el futuro.
